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Con la venia de Sus Señorías:

Dirigimos la presente carta a todas las Asociaciones Judiciales, así como a
todas y cada una de las personas que ostentan en España el cargo de Juez o
Magistrado. La escribimos desde la plataforma Red SOStenible, creada
recientemente por un grupo diverso y heterogéneo de personas, -profesionales
de la creación artística, de la informática, del mundo empresarial y
jurídico, trabajadores y trabajadoras de toda condición- todas ellas
preocupadas por algunas iniciativas que ponen en riesgo Libertades y
Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y,
particularmente, la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la
denominada Ley de Economía Sostenible.

Nos dirigimos a usted por cuanto consideramos que dicha iniciativa supone un
atentado a la separación de poderes y las competencias que actualmente tiene
constitucionalmente asumidas el Poder Judicial, cuyos integrantes suponen
los más inmediatos garantes de nuestros derechos constitucionales.

La razón fundamental de todo ello es que dicha Disposición Final Primera,
con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano
administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de
Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio
judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la
información, tales como el cierre de páginas web. Dicha previsión puede
atentar a la facultad exclusiva de los jueces, reconocida en el art. 20.5
CE, de acordar el secuestro de cualquier medio de información.

La comentada norma supone la quiebra de dicho precepto y, por tanto, de la
configuración constitucional de la Libertad de Expresión; de la separación
de Poderes que se consagra en nuestra Carta Magna, dado que el cierre de
medios de información como páginas web es una facultad atribuida al Poder
Judicial; y de la separación de jurisdicciones.

Los conflictos en materia de propiedad intelectual, han de ser resueltos
ante la Jurisdicción Civil/Mercantil o, en los casos graves, ante la
Jurisdicción Penal, ya que ambas ofrecen mecanismos ágiles para defender los
derechos de propiedad intelectual, pero no ante la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. El procedimiento sumarísimo de 4 días previsto
en el anteproyecto no reúne las debidas garantías, al privarse al Poder
Judicial de la posibilidad de sopesar adecuadamente, con rigor y con
sosiego, si concurren los elementos necesarios para suspender cautelarmente
un derecho fundamental como es la Libertad de Expresión.

Por todo ello, el colectivo Red SOStenible le invita a informarse y, si lo
considera oportuno, en la medida de su ámbito de actuación, poner su grano
de arena a fin de que este atropello a nuestras Libertades y Derechos
Fundamentales no se perpetre.

Confiando en la Justicia con mayúsculas, desde Red SOStenible transmitimos
un respetuoso saludo a Sus Señorías.

http://red-sostenible.net